Michelle Reyes, excoordinadora regional para la Corte Penal Internacional, comunicó que el fiscal Tarek William Saab miente cuando dice que no se le ha dado apertura del caso al Estado. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, concluye funciones este 15 de junio. Se espera que tras el examen preliminar, decida si abrir o no una evaluación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bensouda anunció el pasado 8 de junio que el análisis del caso ya estaba en su etapa final para decidir si abrir una investigación. Agregó que el asunto ya está en manos de los jueces y no hay mucho más que se pueda hacer.
El caso llamado “Venezuela I” inició en 2018 y desde entonces la CPI ha realizado un examen preliminar. Por su parte, el fiscal general del oficialismo de Venezuela, Tarek William Saab, catalogó el proceso como imparcial y en contra del Estado venezolano.
Reyes respondió los señalamientos de William Saab, de que el Estado ha recibido un trato discriminatorio en la CPI. Señaló que Venezuela y la delegación en La Haya se han reunido con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en más de una ocasión y de esos encuentros existen varios registros.
Delsa Solórzano aseguró a la CPI que en Venezuela se violan todos los DDHH
La diputada Delsa Solórzano manifestó el 9 de junio ante la CPI que en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Además, agregó que cometen crímenes de lesa humanidad que han grabado y entregado a organismos internacionales.
Durante una reunión virtual, Solórzano calificó de terribles los crímenes de lesa humanidad que entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) y están analizando. En el evento online, la política representó a casi doscientas víctimas que han presentado sus casos a la CPI. Además, acotó que estos delitos van desde asesinatos, hasta extorsión, torturas y secuestros por razones determinadas.
Adicionalmente, se supo que el gobierno de Argentina se retiró de la demanda que numerosos países presentaron en 2018 ante la CPI para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta decisión generó polémica entre el gobierno del actual presidente Alberto Fernández y sus opositores. A pesar de que esta decisión la tomó en marzo, fue el pasado 27 de mayo que se llevó a cabo.
El día que se dio a conocer la decisión, fuentes de la Cancillería le explicaron a EFE que al abandonar el Grupo de Lima, asociación que desconoce el gobierno de Nicolás Maduro y busca soluciones para la crisis en Venezuela, se retiraron de la denuncia hecha en 2018 porque ya no pertenecen al equipo.